9.000 millones de euros para hogares, personas y microempresas vulnerables bloqueados, pero tiene solución

La Comisión Europea ha anunciado que lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber transpuesto las normas que refuerzan el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. El plazo para hacerlo venció el 31 de diciembre de 2023. España lleva, por tanto, dos años y medio de retraso. Y ese retraso tiene consecuencias muy concretas para millones de personas en este país.

28 organizaciones de la sociedad civil española ya enviamos una carta a la Presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados pidiendo exactamente eso: que se acelere la tramitación y aprobación de la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, reguladora del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Sin enmiendas que la desvíen. Sin dilaciones. Una transposición directa y urgente.

Llevamos tiempo en esto. Y la noticia del TJUE nos obliga a decirlo con más claridad que nunca.

Lo que está en juego no es una directiva. Son 9.000 millones de euros para quienes son vulnerables a la volatilidad de precios de los combustibles fósiles

La transposición de esta directiva no es un trámite burocrático. Es la condición necesaria para que España pueda desarrollar su Plan Social para el Clima y acceder al Fondo Social para el Clima europeo, que movilizará más de 9.000 millones de euros destinados específicamente a hogares vulnerables, usuarios del transporte vulnerables y microempresas de transporte vulnerables.

Dicho de otro modo: mientras el Congreso de los Diputados, en concreto la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, no apruebe esta ley, esos 9.000 millones estarán bloqueados. No pueden planificarse. No pueden desplegarse. No pueden llegar a quien más los puede necesitar.

Y el tiempo importa. La dependencia energética del exterior y la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles —agudizada por conflictos geopolíticos y tensiones en los mercados globales— golpean de forma desproporcionada a quienes no tienen alternativa. Millones de personas en España dependen del vehículo privado no por elección, sino por necesidad: porque viven donde no hay transporte público, porque trabajan en polígonos industriales mal conectados, porque sus ingresos no les dan margen para plantearse alternativas. 

La entrada en vigor del ETS2 —el nuevo mercado de carbono que incorporará el transporte por carretera y los edificios— está prevista para 2027-2028. Nace con un mandato explícito de equidad: sus ingresos deben destinarse a proteger a quienes más expuestos están a los cambios en el sistema energético. El Plan Social para el Clima existe precisamente para que esa transición sea justa, no para que la paguen siempre los mismos.

Pero para que ese plan pueda desplegarse a tiempo, con margen suficiente para diseñar las medidas, licitar, ejecutar y evaluar, la transposición debe producirse ya. Cada mes de retraso es un mes menos de margen para prevenir y mitigar.

El transporte: 4.376 millones de euros que, aunque insuficientes, pueden cambiar vidas

Dentro del Plan Social para el Clima, el componente de transporte concentra más de 4.376 millones de euros. Una cifra que, bien ejecutada, puede transformar la movilidad cotidiana de millones de ciudadanos: personas que viven en zonas rurales sin alternativas al vehículo privado, trabajadores con rentas bajas que dependen del coche para llegar a su empleo, autónomos y microempresas del transporte que no pueden afrontar la transición energética solos.

Esos recursos pueden financiar servicios de transporte a demanda en zonas rurales, abonos de transporte público gratuitos o muy reducidos para los colectivos más vulnerables, infraestructura ciclista, ayudas para la renovación de vehículos por tecnologías 100% eléctricas o programas de leasing social para democratizar el acceso a la movilidad eléctrica. El impacto no se limita a los beneficiarios directos: movilizar esa inversión en el territorio tiene efectos positivos sobre la economía local, el empleo y la cohesión social en zonas que llevan años sintiéndose abandonadas por las políticas públicas.

No todo el diseño actual del Plan es perfecto —la propuesta contiene medidas que deben mejorarse para que los recursos lleguen realmente a los más vulnerables y no se desvíen hacia otros fines—, pero ese debate corresponde a la fase de alegaciones y desarrollo reglamentario. Lo que no puede seguir esperando es la condición de partida: la transposición de la directiva que facilita la activación de todo lo demás.

España, de nuevo, ante el Tribunal de Justicia Europeo

La decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el TJUE no es un aviso. Es el último escalón antes de la sentencia. Y las sentencias por incumplimiento de transposición cuestan dinero público: multas a tanto alzado más sanciones diarias que se acumulan mientras el incumplimiento persista. España ya ha sido condenada antes por casos similares. El historial pesa.

Pero más allá del coste económico, hay un coste político que nadie debería ignorar: España es el país de la UE con más procedimientos de infracción abiertos. Y en este caso concreto, el incumplimiento no perjudica a una industria ni a un sector regulado. Perjudica a las personas más vulnerables.

Entendemos la complejidad del momento político. Sabemos que la aritmética parlamentaria no es sencilla y que el Congreso atraviesa una etapa de bloqueos, elecciones en el horizonte y negociaciones permanentes. Lo entendemos. Pero hay cosas que no deberían depender de esa aritmética.

Al Gobierno le pedimos que actúe con la urgencia que la situación requiere. Tiene en su mano la posibilidad de impulsar esta transposición. Al resto de grupos parlamentarios les pedimos que no conviertan esta norma en moneda de cambio. El Plan Social para el Clima no tendría que ser una concesión ideológica. 

Al Partido Popular le recordamos su responsabilidad. Fue el Partido Popular Europeo, liderado por Ursula von der Leyen, quien impulsó y aprobó el paquete Fit for 55, quien diseñó el Fondo Social para el Clima y quien respaldó la directiva cuya transposición ahora se bloquea en España. La coherencia exige que el PP español respalde aquí lo que su familia política aprobó en Bruselas. Votar en contra sin argumentos solventes sería utilizar políticamente a las personas vulnerables contra el Gobierno. 

En España, el número de personas, autónomos y microempresas vulnerables en el ámbito del transporte se cuenta por millones. Están en todas las circunscripciones, en todas las provincias, en los municipios rurales y en los barrios periféricos de las ciudades. Son votantes de todos los partidos. 

El contexto político hace que la ventana legislativa sea estrecha. Si se produce un adelanto electoral, cualquier proposición de ley en tramitación decae. Si esperamos a una nueva legislatura, llegamos al umbral de entrada en vigor del ETS2 sin el Plan Social para el Clima aprobado ni operativo. Sin margen para proteger a nadie.

Tras la transposición tiene que venir un Plan Social para el Clima coherente, las convocatorias de ayudas, la llegada de los recursos a los territorios y a las personas. Tiempo, tiempo que ya no sobra. Por eso veintiocho organizaciones lo pedimos el 2 de junio (y anteriormente). La Comisión Europea lo confirmó la semana pasada enviando a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Congreso tiene ahora la palabra.