ECODES pide a Europa dar el salto: la contratación pública debe ser sostenible
La Comisión Europea presenta el Public Procurement Act: una propuesta que busca simplificar y modernizar el marco europeo de contratación pública y reforzar su papel estratégico. ECODES considera que la reforma representa una oportunidad decisiva para utilizar el poder de compra de las administraciones como palanca para acelerar la transición ecológica y fortalecer la competitividad industrial europea.
La iniciativa llega tras varios años de revisión del marco establecido por las tres directivas europeas de 2014 y afecta a una herramienta con un enorme potencial económico: la contratación pública representa alrededor del 15 % del PIB de la Unión Europea y moviliza más de 2,6 billones de euros al año.
Para ECODES, esta reforma presentada el 9 de septiembre supone una oportunidad para superar una visión de la contratación pública centrada exclusivamente en los procedimientos y consolidarla como una verdadera herramienta estratégica de política económica y ambiental. Las decisiones de compra de las administraciones pueden orientar mercados, generar demanda de soluciones innovadoras y sostenibles y contribuir a acelerar la descarbonización de sectores estratégicos: La cuestión no es únicamente cuánto dinero público se gasta, sino qué tipo de economía se construye con él.
Un paso adelante, pero con un reto pendiente
La propuesta incorpora elementos que pueden contribuir a reforzar el carácter estratégico de la contratación pública y presta mayor atención a cuestiones como la sostenibilidad ambiental, la economía circular, la eficiencia en el uso de los recursos, la innovación, la resiliencia y la calidad de las ofertas.
Si bien la propuesta no convierte la contratación pública ecológica en una obligación transversal para todos los contratos, sí introduce avances relevantes. Incorpora un capítulo específico sobre contratación pública ecológica, establece obligaciones ambientales concretas en determinados ámbitos, como la eficiencia energética, y crea un marco que permitirá establecer requisitos ambientales obligatorios para determinadas categorías de productos bajo determinadas condiciones.
Para ECODES, estos avances son positivos, pero su impacto dependerá de cómo se traduzcan en las decisiones concretas de compra: reconocer la contratación sostenible como un objetivo estratégico no garantiza por sí mismo que los criterios ambientales se incorporen de forma sistemática y ambiciosa.
Uno de los principales retos de la reforma será, por tanto, cerrar la brecha entre la posibilidad jurídica de comprar de forma sostenible y su aplicación efectiva. La experiencia del marco actual muestra que permitir la incorporación de criterios ambientales no ha garantizado una utilización homogénea ni con la ambición necesaria en todos los Estados miembros.
“Europa no necesita únicamente la posibilidad de comprar de forma sostenible: necesita que la sostenibilidad sea la opción por defecto”
Las 7 prioridades de ECODES para una contratación pública más verde
1. Convertir la contratación pública verde en la norma, y no en una posibilidad que dependa de la decisión de cada comprador público.
2. Establecer objetivos europeos comunes, progresivos y medibles de contratación sostenible, que permitan evaluar los avances y orientar la acción de los Estados miembros.
3. Integrar de forma más ambiciosa el desempeño ambiental en la valoración de la calidad, especialmente en los contratos con mayores impactos ambientales. La propuesta establece la mejor relación calidad-precio (Best Price-Quality Ratio, BPQR) como regla general y fija una ponderación mínima del 30 % para los criterios de calidad —50 % en los contratos intensivos en mano de obra—. Dado que estos criterios pueden responder a objetivos ambientales, sociales, de innovación, seguridad, resiliencia o preferencia europea, ECODES considera necesario garantizar que la dimensión ambiental tenga un peso suficiente para impulsar una contratación pública realmente verde.
4. Garantizar que las preferencias europeas se vinculen a requisitos ambientales verificables, para que el refuerzo de la industria europea sea compatible con la transición hacia una economía climáticamente neutra.
5. Incorporar la sostenibilidad desde la planificación de las compras, antes de que se publique una licitación, para que las consideraciones ambientales formen parte de las decisiones sobre qué y cómo comprar.
6. Medir los resultados ambientales del gasto público, y no únicamente el número de contratos que incorporan cláusulas verdes. La propuesta refuerza la recopilación y el seguimiento de datos de contratación, pero todavía queda por avanzar hacia una medición sistemática de sus resultados ambientales.
7. Reforzar las capacidades de compradores públicos y empresas, mediante formación, asistencia técnica y herramientas comunes. La propuesta reconoce esta necesidad, pero será clave dotarla de recursos y apoyo suficientes para garantizar una aplicación efectiva.
Estas medidas buscan garantizar que la reforma no se limite a simplificar procedimientos, sino que permita aprovechar el enorme poder de compra de las administraciones europeas para crear mercados más sostenibles, innovadores y resilientes.
Una oportunidad también para España
La reforma europea tendrá una traducción directa en la manera en que las administraciones españolas utilizan sus recursos públicos. En España, la contratación pública representó en 2023 el 11,55 % del PIB y el 24,87 % del gasto público.
Este volumen convierte a las administraciones en un actor con capacidad para orientar la demanda y acelerar la transformación de sectores como la construcción, la movilidad, la energía, la alimentación o los materiales industriales.
España cuenta además con una oportunidad para anticiparse a la evolución europea a través de su próximo Plan de Contratación Pública Ecológica 2026-2033, que puede contribuir a consolidar criterios ambientales, mejorar las capacidades de los compradores públicos y avanzar hacia sistemas que permitan medir los resultados ambientales de la contratación.
La reforma europea debe servir para pasar de una contratación pública que puede ser sostenible a una contratación pública que contribuya de forma efectiva a construir una economía baja en carbono, circular y competitiva.
Más información:
PORTAVOZ:
Daiana Bouzo
Área de Políticas Públicas / Public Policy Department
Lucía Dalmau Menéndez ---Área de Comunicación----682 62 14 34
