Organizaciones católicas y ambientales reclaman ante la COP31 una acción climática más ambiciosa, justa y solidaria
El Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española, junto con Enlázate por la Justicia y el Movimiento Laudato Si’, en colaboración con las organizaciones ambientales ECODES y Greenpeace España, ha presentado una declaración conjunta con motivo de la próxima COP31, que se celebrará en Antalya (Turquía).
La iniciativa nace de la preocupación compartida por el agravamiento de la crisis climática y socioambiental global. Los impactos del cambio climático ya son visibles en forma de fenómenos meteorológicos extremos, pérdida acelerada de biodiversidad, inseguridad alimentaria asociada a la sequía o a las lluvias torrenciales y un aumento de las desigualdades sociales, que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables. La subida del nivel del mar es un hecho constatado en los Estados insulares del Pacífico, lo que ya provoca desplazamientos forzados. En Europa se estima que, en 2025, el 68 % de las muertes atribuibles al calor fueron consecuencia del cambio climático.
A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, las organizaciones firmantes consideran que la respuesta internacional sigue siendo insuficiente para afrontar la magnitud de los desafíos actuales. Ante esta realidad, la declaración conjunta insta a los gobiernos y a la comunidad internacional a reforzar su compromiso con la justicia climática y el cuidado de la casa común.
Entre sus principales demandas se encuentran la reducción urgente y ambiciosa de las emisiones de gases de efecto invernadero; el avance hacia una transición energética justa y ecológicamente responsable, respetuosa con la dignidad humana, los derechos de las comunidades locales y la protección de los ecosistemas, evitando así el neocolonialismo; la puesta en marcha de planes de ahorro, eficiencia y reducción del consumo energético; una mayor protección de las comunidades más vulnerables frente a los impactos de los fenómenos extremos asociados al cambio climático; el reconocimiento y la participación efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la gobernanza climática; así como el fortalecimiento de la financiación internacional destinada a la adaptación, las pérdidas y los daños, y el desarrollo sostenible de los países más afectados por la crisis ecosocial.
También se solicita expresamente la protección efectiva de los defensores socioambientales, así como la justicia fiscal y la condonación, el canje o la reestructuración de la deuda pública de los países históricamente más vulnerables y afectados por los impactos del cambio climático. La intención es que, de este modo, puedan destinar más recursos a la adaptación, la mitigación y el desarrollo sostenible.
Asimismo, el documento subraya la importancia de fortalecer la rendición de cuentas de los Estados, promover sistemas alimentarios más sostenibles y garantizar que las políticas climáticas se diseñen e implementen de acuerdo con la mejor evidencia científica disponible y con criterios de equidad y solidaridad internacional.
Las entidades firmantes hacen un llamamiento a los responsables políticos, a las instituciones internacionales, a las comunidades de fe y al conjunto de la sociedad para que la COP31 represente un verdadero punto de inflexión. Frente a una crisis que amenaza el bienestar de millones de personas y el futuro de las próximas generaciones, recuerdan que la acción climática no puede aplazarse más y exigen una acción inmediata.
