riesgo químico

La Administración, como garante de la salud de los ciudadanos y del medio ambiente, tiene el deber de prevenir y controlar el riesgo químico. Sin embargo, la descoordinación, la falta de recursos, la dispersión de competencias y la ausencia de iniciativas cuestionan la gestión que lleva a cabo la Administración a la hora de controlar el riesgo químico en España. Es una de las principales conclusiones del estudio Gestión del riesgo químico por parte de las administraciones españolas,  elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO y que se ha presentado hoy en rueda de prensa.