La lucha contra la pobreza es la lucha contra el cambio climático, dijo esta tarde el premio Nobel de la Paz y ex vicepresidente de los Estados Unidos, Albert Gore, durante la conferencia “Thinking green” (Pensando en verde).
El viernes 23 de abril se presentó el informe “Empleo Verde en una Economía Sostenible” , iniciativa conjunta de la Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Sostenibilidad en España, en el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, en la sede de San Juan de la Cruz.
"Los cambios en la normativa y la mayor demanda de bienes y servicios ambientales son las fuerzas motrices del empleo verde. La prevista Ley de Economía Sostenible, conjuntamente con la Estrategia para una Economía Sostenible y las propuestas en el pacto contra la crisis van en la buena dirección para plantear un nuevo modelo productivo perdurable".
Para que las cosas sean posibles, para que la sostenibilidad medioambiental sea posible, no basta que su posibilidad esté regulada por una ley. Hay leyes y leyes.
Hay unas leyes que facilitando la obtención de unos objetivos concretos, marcan unos requisitos concretos que, cumplidos, hacen posible que los ciudadanos obtengan el beneficio que se les brinda. Y a la vez consiguen el objetivo de interés general pretendido por la ley. Son leyes posibles, con objetivos posibles. Basta una ley, una divulgación adecuada y un interés individual que se concilia con el interés general, para encontrarnos con leyes y objetivos posibles.
ES POSIBLE YA que una recuperación de la actividad en el sector de la construcción se haga efectiva a través de la rehabilitación de viviendas primándola sobre la nueva edificación, contribuyendo además a la eficiencia y el ahorro energético, facilitando al ciudadano y a las empresas que la emprendan a otorgarles determinados beneficios fiscales. Lástima que la facilidad que establecía el anteproyecto para garantizar de forma más sencilla que las hipotecas, las subvenciones y préstamos otorgados haya quedado fustada por determinados intereses corporativos.
SERÁ POSIBLE YA desde el 1 de enero de 2011 que las sociedades destinen mayores inversiones a la protección del medio ambiente evitando la contaminación atmosférica o acústica procedente de instalaciones industriales, o la contaminación de aguas superficiales, subterráneas o marinas, o la reducción, recuperación o tratamiento de residuos industriales propios porque el hacerlo significará una disminución de sus impuestos.
Pero hay leyes que AÚN NO SON POSIBLES. Por que en ellas no basta la fijación de unos objetivos, el buen deseo del ciudadano. Hará falta una tercera pata. El apoyo, el empuje, la presión de las organizaciones sociales para que lo que no son más que unos buenos propósitos plasmados en leyes se conviertan en actuaciones concretas que conviertan en reales los objetivos – en nuestro caso, medioambientales – buscados.
A veces, los buenos propósitos tienen un plazo relativamente corto para hacerlos efectivos. Un buen propósito es que en el plazo de un año las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adapten sus planes estratégicos para, entre otras cosas, revisen sus procesos de producción de bienes y servicios aplicando criterios de gestión medioambiental, favorezcan la adopción de principios y prácticas de responsabilidad por sus proveedores, incluyendo en sus procesos de contratación condiciones de ejecución referentes al nivel de emisión de gases de efecto invernadero y de mantenimiento y mejora de los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecución del contrato. Habrá que trabajar mucho desde las organizaciones medioambientales para que tan maravillosos propósitos sean posibles dentro de un año.
No hay plazo para otros muy buenos propósitos ¿Será posible que el Gobierno empuje de verdad para que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, incorporen y desarrollen políticas de responsabilidad social? ¿Cuánto habría que empujar para que de cara a 2016 la Administración General del Estado y sus organismos públicos establezcan programas específicos de ahorro y eficiencia energética y de utilización de fuentes de energías renovables, y no digamos para que cada cuatro años hagan el seguimiento y evaluación de lo hecho?
No es más que una remota y vaga posibilidad el deseo de la Ley de Economía Sostenible, de que las empresas y personas físicas, con independencia del cumplimiento de la obligación de entrega anual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el marco de régimen de comercio de derechos de emisión, compensen sus emisiones de CO2.
¿Planes de movilidad sostenible? ¿Para cuándo? Lo que hoy parece imposible, unos planes que fomenten los medios de transporte de menor coste social, ambiental y energético, tanto para personas como para mercancías, así como el uso de los transportes públicos y colectivos y otros modos no motorizados, habrá que hacerlo posible, habrá que convertir una ley difícilmente posible en una realidad posible.
Hay en estas leyes un poco de posible y un mucho cuya posibilidad hay que conseguir. Curiosamente lo poco posible es a costa de una disminución de los ingresos del Estado. Nos queda el resto, a los que no somos Estado de echar el resto.
La Secretaría de Estado de Cambio Climático del MARM organiza la Jornada “Empleo Verde en España en el marco de una Economía Sostenible” donde se presentará el Informe elaborado por el OSE y la Fundación Biodiversidad.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF pedirán una reforma sustancial del Proyecto de Ley para que suponga un verdadero avance hacia la sostenibilidad ambiental y social. Para ello presentan hoy un documento conjunto con sus propuestas, que harán llegar al Gobierno y los grupos parlamentarios.
Expertos de toda Europa se reunirán en Madrid los próximos 25 y 26 de marzo en un encuentro organizado dentro de la Presidencia Española de la Unión Europea con la colaboración del OSE.