desarrollo sostenible
La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo esta debatiendo un informe sobre la responsabilidad social en el que propone, entre otras medidas, que los futuros acuerdos comerciales de la Unión Europea incluyan un capítulo sobre el desarrollo sostenible con una cláusula sobre responsabilidad social.
Según los resultados de un estudio financiado con fondos comunitarios el automóvil aumenta la temperatura global más que el avión en un mismo trayecto, aunque a largo plazo. En cambio, el transporte aéreo genera un calentamiento de corta duración a altitudes elevadas. Estos descubrimientos forman parte del proyecto QUANTIFY ("Valoración del impacto climático de los sistemas de transporte europeos y mundiales") y han sido publicados en la revista Environmental Science & Technology.
“La innovación es la característica principal de este sector que pretende potenciar el desarrollo sostenible y luchar contra la pobreza”, destaca Cecilia Foronda, coordinadora del proyecto CeroCO2
Los sectores energético y agrícola precisan reformas drásticas para que nuestro planeta llegue a ser verdaderamente sostenible, advierte el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) en un informe sobre un estudio elaborado recientemente por el «Panel Internacional para la Gestión Sostenible de los Recursos» (IPSRM) y presentado en Bruselas (Bélgica) el pasado 2 de junio por el Comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, y la Directora Ejecutiva Adjunta del PNUMA, Angela Cropper.
El director del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), Luis M. Jiménez Herrero, defiende la integración de la planificación territorial, urbanística e hidráulica para evitar daños y desastres como los provocados por las inundaciones de este invierno. Los periodos de fuertes lluvias serán más frecuentes en un escenario de cambio climático, según las previsiones del IPCC.
Para que las cosas sean posibles, para que la sostenibilidad medioambiental sea posible, no basta que su posibilidad esté regulada por una ley. Hay leyes y leyes.
Hay unas leyes que facilitando la obtención de unos objetivos concretos, marcan unos requisitos concretos que, cumplidos, hacen posible que los ciudadanos obtengan el beneficio que se les brinda. Y a la vez consiguen el objetivo de interés general pretendido por la ley. Son leyes posibles, con objetivos posibles. Basta una ley, una divulgación adecuada y un interés individual que se concilia con el interés general, para encontrarnos con leyes y objetivos posibles.
ES POSIBLE YA que una recuperación de la actividad en el sector de la construcción se haga efectiva a través de la rehabilitación de viviendas primándola sobre la nueva edificación, contribuyendo además a la eficiencia y el ahorro energético, facilitando al ciudadano y a las empresas que la emprendan a otorgarles determinados beneficios fiscales. Lástima que la facilidad que establecía el anteproyecto para garantizar de forma más sencilla que las hipotecas, las subvenciones y préstamos otorgados haya quedado fustada por determinados intereses corporativos.
SERÁ POSIBLE YA desde el 1 de enero de 2011 que las sociedades destinen mayores inversiones a la protección del medio ambiente evitando la contaminación atmosférica o acústica procedente de instalaciones industriales, o la contaminación de aguas superficiales, subterráneas o marinas, o la reducción, recuperación o tratamiento de residuos industriales propios porque el hacerlo significará una disminución de sus impuestos.
Pero hay leyes que AÚN NO SON POSIBLES. Por que en ellas no basta la fijación de unos objetivos, el buen deseo del ciudadano. Hará falta una tercera pata. El apoyo, el empuje, la presión de las organizaciones sociales para que lo que no son más que unos buenos propósitos plasmados en leyes se conviertan en actuaciones concretas que conviertan en reales los objetivos – en nuestro caso, medioambientales – buscados.
A veces, los buenos propósitos tienen un plazo relativamente corto para hacerlos efectivos. Un buen propósito es que en el plazo de un año las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adapten sus planes estratégicos para, entre otras cosas, revisen sus procesos de producción de bienes y servicios aplicando criterios de gestión medioambiental, favorezcan la adopción de principios y prácticas de responsabilidad por sus proveedores, incluyendo en sus procesos de contratación condiciones de ejecución referentes al nivel de emisión de gases de efecto invernadero y de mantenimiento y mejora de los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecución del contrato. Habrá que trabajar mucho desde las organizaciones medioambientales para que tan maravillosos propósitos sean posibles dentro de un año.
No hay plazo para otros muy buenos propósitos ¿Será posible que el Gobierno empuje de verdad para que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, incorporen y desarrollen políticas de responsabilidad social? ¿Cuánto habría que empujar para que de cara a 2016 la Administración General del Estado y sus organismos públicos establezcan programas específicos de ahorro y eficiencia energética y de utilización de fuentes de energías renovables, y no digamos para que cada cuatro años hagan el seguimiento y evaluación de lo hecho?
No es más que una remota y vaga posibilidad el deseo de la Ley de Economía Sostenible, de que las empresas y personas físicas, con independencia del cumplimiento de la obligación de entrega anual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el marco de régimen de comercio de derechos de emisión, compensen sus emisiones de CO2.
¿Planes de movilidad sostenible? ¿Para cuándo? Lo que hoy parece imposible, unos planes que fomenten los medios de transporte de menor coste social, ambiental y energético, tanto para personas como para mercancías, así como el uso de los transportes públicos y colectivos y otros modos no motorizados, habrá que hacerlo posible, habrá que convertir una ley difícilmente posible en una realidad posible.
Hay en estas leyes un poco de posible y un mucho cuya posibilidad hay que conseguir. Curiosamente lo poco posible es a costa de una disminución de los ingresos del Estado. Nos queda el resto, a los que no somos Estado de echar el resto.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF pedirán una reforma sustancial del Proyecto de Ley para que suponga un verdadero avance hacia la sostenibilidad ambiental y social. Para ello presentan hoy un documento conjunto con sus propuestas, que harán llegar al Gobierno y los grupos parlamentarios.
El Ministerio de Medio Ambiente vivió ayer un día muy complicado. La denuncia del catedrático de Costas Miguel Ángel Losada -realizada en EL PAÍS- de que el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, había vetado una serie sobre el litoral que le había encargado en 2006 la entonces ministra Cristina Narbona generó un enorme malestar. Por la mañana, Fragueiro montó en cólera y amenazó con pedir al abogado del Estado un informe que buscara incumplimientos del convenio entre Medio Ambiente y Losada para que éste devolviera el dinero cobrado, según fuentes próximas al caso. Por la tarde, el departamento que dirige Elena Espinosa afirmó en un comunicado que "no cuestiona" la emisión de la serie en TVE, "aunque lamenta que en aras de la libertad de creación la misma incluya datos no fiables", los que había pedido "que fueran rectificados".
El Gobierno exige retirar dos minutos de imágenes de corrupción - El guionista denuncia "censura como la de las fotos de Valencia"
La página web “The Animals Save the Planet” está compuesta por una serie de cortos de animación en los que los animales nos muestran métodos sencillos para reducir nuestra huella de carbono. Esta página web, alojada en un servidor alimentado por energía 100% renovable, forma parte del canal “Animal Planet” y cuenta con una sección de consejos para adoptar una forma de vida de menor impacto sobre el planeta.
