Conflictos por el agua en el mundo.
Pedro Arrojo Agudo-Dpto. de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza.

La degradación sistemática y generalizada de los ecosistemas acuáticos continentales tiene como una de sus consecuencias que 1.200 millones de personas no tengan acceso a aguas potables. De mantenerse las tendencias en curso, serán más de 4.000 millones para 2.025. Por otro lado, la crisis de insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos agrava los problemas de hambre en el mundo, al arruinar formas tradicionales de producción agro-pecuaria vinculadas a los ciclos fluviales y degradar o destruir pesquerías fluviales y marinas, esenciales en la dieta de millones de personas, especialmente en comunidades pobres.

En este contexto crítico, el modelo de globalización en curso, alejado de los más elementales principios éticos, viene agravando estos problemas. Lejos de frenar la degradación ecológica, está acelerando la depredación de recursos y la quiebra del ciclo hídrico en los continentes. Lejos de reducir los gradientes de riqueza y garantizar a los más pobres derechos fundamentales, como el acceso al agua potable, se abre el campo de los valores ambientales al mercado como espacio de negocio.

En este contexto, vienen abriéndose dos grandes fallas de crisis:

I - La crisis de sostenibilidad de ríos y acuíferos y el acceso al agua potable.

En la actualidad, se estiman en más de 1.200 millones las personas que no tienen acceso garantizado a aguas potables, lo que conlleva más de 10.000 muertes al día, en su mayoría niños. Por otro lado, ríos, lagos y humedales sufren la crisis de biodiversidad más profunda de las muchas existentes en la biosfera. Tal y como subraya la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, firmada por cien científicos de los diversos países de la Unión Europea a principios del 2005,los problemas de acceso al agua potable para 1200 millones de personas y la crisis de biodiversidad en los hábitats de aguas dulces son las dos caras de la crisis de insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos continentales y de los acuíferos subterráneos. De hecho, el problema no es tanto de escasez de aguas, como de contaminación y degradación ecológica. Nadie ha instalado su casa lejos de un río, de un lago, de una fuente o de puntos donde las aguas subterráneas sean accesibles. Desde nuestra insaciable e irresponsable ambición desarrollista, hemos degradado esos ecosistemas y acuíferos, produciendo graves problemas de salud a las poblaciones que dependen de ellos. 

Con frecuencia, se ha tendido a considerar la sostenibilidad como un objetivo prioritario tan sólo en los países desarrollados, asumiéndose que el crecimiento económico de los países empobrecidos comporta necesariamente la degradación de sus patrimonios y recursos ambientales. Tal enfoque es particularmente inaceptable en materia de aguas, en la medida en que se juega con la salud y la vida de las personas. El hecho de que en países desarrollados se hayan usado determinadas tecnologías contaminantes y depredadoras del medio ambiente en el pasado, no debe implicar que en los países empobrecidos tengan que cometerse los mismos errores, marginando el empleo de las modernas tecnologías y estrategias disponibles hoy en día.

Desgraciadamente, la falta de democracia y la irresponsabilidad de muchos gobiernos, junto a la lógica de “libre competencia” impuesta desde la Organización Mundial de Comercio (OMC), favorecen la posibilidad de contaminar sin regulación alguna en países empobrecidos o en desarrollo, practicando lo que se conoce como “dumping ambiental”.

Tener un río contaminado en un país desarrollado, siendo sin duda grave, no implicará necesariamente problemas de salud pública, pues se dispone de medios para garantizar aguas salubres en las redes urbanas. Sin embargo, en países empobrecidos, matar un río supone quebrar la vida de las comunidades que dependen de él. Por eso, la sostenibilidad de ríos, lagos y acuíferos es un reto de supervivencia en el corto plazo para las comunidades más pobres, más allá de un reto global de habitabilidad y calidad de vida a nivel planetario.

II - Impactos sobre la crisis alimentaria.

Los impactos directos e indirectos sobre las fuentes de producción de alimentos en el mundo, provocados por la quiebra del ciclo hidrológico y la crisis de insostenibilidad de ríos, lagos y humedales, han sido y son demoledores, especialmente en lo que se refiere a la productividad natural de alimentos proteicos. Es de notar que, si bien el pescado no suele ser la principal fuente de proteínas en la dieta de los países más desarrollados (10% en Europa y EEUU), su peso en países empobrecidos o en desarrollo suele ser muy superior: en África más del 20% de las proteínas animales; en Asia el 30%. La pesca es la proteína de los pobres.

Con frecuencia, el drenaje y desecación de humedales se ha justificado desde el argumento de luchar contra el hambre. Sin embargo, con su destrucción, se han provocado quiebras, no sólo en la rica biodiversidad de esos humedales, sino también en la de otros hábitats conectados, poniendo en crisis su función de producción de recursos pesqueros clave en la dieta y subsistencia de muchas comunidades.

La construcción de grandes presas, ha sido otro factor que ha contribuido a la reducción drástica de la pesca fluvial, provocando la extinción de muchas especies de peces y moluscos, generando graves problemas alimentarios a cientos de miles de familias, en comunidades ribereñas pobres (Urrá, en Colombia, Singkarak en Sumatra, Lingjintan en China, Theun Hiboun en Laos o Pak Mun en Tailandia,…, entre otros).

La derivación masiva de caudales en grandes ríos ha llevado a notables catástrofes ecológicas y humanitarias como la del Mar de Aral, en Siberia Central. La derivación del 90% de los caudales de los ríos Amu Daria y Syr Daria, que alimentan este inmenso lado, para regar algodón, ha reducido la lámina de agua a menos de la mitad (de 64.500 km2 a 30.000 km2), triplicándose su salinidad y desapareciendo la pesca (44.000 toneladas anuales) de la que vivían 60.000 familias (Patrick Mc Cully–2004) (J.Abramovitz- 1996). El Lago Chad en África sufre una tragedia humanitaria similar en estos últimos años.

La quiebra del ciclo hidrológico no sólo ha afectado a la pesca en ríos y lagos, sino también en los mares. El caso de la presa de Asuán, sobre el Nilo, es paradigmático. Diez años después de su inauguración, tan sólo quedaban 17 de las 47 especies que se pescaban en el río. Sin embargo, el impacto pesquero más traumático se produjo en el mar. Al año siguiente de cerrar las compuertas de la presa, las capturas de sardina y boquerón cayeron en el Mediterráneo Oriental entre el 80% y el 90%. Hoy se sabe que estas especies, como otras, alevinan en la desembocadura de los grandes ríos, aprovechando la riqueza en nutrientes continentales que aportan las crecidas fluviales en primavera.

Por otro lado, la creciente comercialización internacional del pescado está induciendo situaciones de sobrepesca y debilitando el consumo familiar local. En Bangladesh, por ejemplo, habiéndose multiplicado la actividad pesquera, la ración per cápita en comunidades pobres se ha reducido a la tercera parte en dos décadas.

En el Amazonas, la irrupción de la pesca industrial, las talas masivas, los vertidos mineros, la construcción de presas, la desecación de humedales  y la expansión de la llamada frontera agro-ganadera, están haciendo entrar en crisis los recursos pesqueros: 200.000 toneladas anuales, en su mayoría destinada al autoconsumo y a los mercados locales.

Las alteraciones, en cantidad y calidad, de los caudales de muchos de los grandes ríos del mundo, han destruido formas tradicionales de producción agraria. En Nigeria, la presa de Bakalori supuso perder el 53% de los cultivos y los pastos, ligados a los ciclos de inundación en las llanuras de la cuenca baja y media, afectando seriamente a los acuíferos y colapsando reservas de agua vitales en los periodos secos. Casos similares se han dado, tal y como refleja el informe final de la World Commission on Dams, en el río Senegal, con cerca de 800.000 damnificados; en el embalse de Sobradinho (Brasil), con cerca de 11.000 familias campesinas afectadas; o en las presas de Tarbela y Kotri en Pakistán, que arruinaron la ganadería tradicional, en las llanuras de inundación.

A pesar de su gravedad, estos impactos no suelen emerger en las estadísticas oficiales, en la medida que buena parte de esta producción de alimentos se dirige a mercados locales y al autoconsumo sin entrar en los grandes circuitos comerciales.

III - Otros impactos socio-económicos.

Es difícil entender los conflictos de aguas sin tomar en cuenta la compleja vinculación de los ecosistemas acuáticos con el territorio que drenan. La depredación del territorio, además de destruir formas de vida y tejidos sociales tradicionales, supone alterar seriamente el ciclo hídrico continental. La deforestación, suele implicar el empobrecimiento del y su posterior erosión, con el correspondiente aumento de escorrentía, dgradación de la calidad de las aguas, disminución de infiltración a los acuíferos e incremento de riesgos de crecida en las zonas ribereñas aguas abajo.

Las áreas de inundación fluviales son clave en la recarga de acuíferos y en la fertilización de tierras; pero de forma muy especial, junto a los humedales, son clave en la regulación de avenidas. Un caso paradigmático a nivel mundial, lo ofrece el polémico proyecto de la Hidrovía (entre Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia) que, desde hace años, y en sucesivas versiones, viene amenaza el Gran Pantanal, el mayor humedal del mundo, con 200.000 km2 de extensión. Los estudios elaborados para el Banco Interamericano de Desarrollo, estiman que su drenaje comportaría la extinción de 600 especies de peces, 650 de aves y otras 80 de mamíferos, así como la quiebra de su función reguladora en la cuenca del Plata,  lo que incrementaría los riesgos de inundación y el impacto de las sequías en toda la cuenca.

Por otro lado, la construcción de grandes presas ha colapsado en muchos ríos los flujos de sedimentos que, durante millones de años, han alimentado los deltas, compensando su progresivo hundimiento natural (subsidencia). Tal proceso, acelerado por la subida del nivel de los mares derivado del calentamiento global, hace vislumbrar, en un plazo de décadas, graves consecuencias socio-económicas para millones de personas. Tomando el caso del Delta de Alejandría, en el Nilo, el Instituto Oceanográfico Woods Hole de Massachussets estima que Egipto puede perder bajo el mar, en seis décadas, el 19% de sus territorios habitables, lo que forzaría el desplazamiento del 16% de su población.

IV - Conflictos frente a las grandes presas.

En contra de lo que a veces se piensa, los focos más activos de movilización por motivos ecológicos, en materia de aguas, surgen en los países empobrecidos y no en el mundo desarrollado. En la mayoría de los casos se trata de luchas por la supervivencia de comunidades y pueblos enteros, damnificados por los desastres ecológicos reseñados y de forma particular por la construcción de grandes presas.

A finales de los 90, el Banco Mundial, ante los agudos conflictos suscitados por los proyectos de grandes presas que financiaba en países en desarrollo, propuso a Internacional Rivers Network (IRN), como representante de múltiples colectivos de afectados, la posibilidad de desarrollar un amplio debate, a nivel mundial, sobre la cuestión. La respuesta afirmativa de IRN permitió poner en marcha la llamada Comisión Mundial de Presas (World Commission on Dams-WCD) bajo la presidencia de Kader Asmal, ministro de medio ambiente, por entonces, en el Gobierno Sudafricano de Nelson Mandela. Tras dos años de trabajo y habiendo podido precisar los metros cúbicos que pueden almacenarse en las casi cincuenta mil grandes presas construidas a lo largo del siglo XX, la Comisión manifestaba su impotencia para determinar el número de personas desplazadas a la fuerza de sus pueblos por la construcción de esas presas. Se estimaba que entre 40 y 80 millones de personas vieron sus casas y pueblos inundados; y un número muy superior fueron desplazados por afección indirecta en el entorno de los valles inundados. Para colmo, tal y como denuncia la Comisión, las consecuencias más graves recaen sobre los más pobres y sobre los sectores más desprotegidos: mientras que los beneficios generados tienden a beneficiar a los más ricos y poderosos, así como a los territorios más desarrollados.

Durante las últimas décadas, la reacción, cada vez más activa y masiva de las poblaciones afectadas, ha ido rompiendo el amplio consenso social que ha mantenido esa mordaza de silencio, que ha hecho invisibles a las víctimas en gran medida.

En la mayoría de los casos nos encontramos con poblaciones rurales pobres, en muchos casos comunidades indígenas, marginadas social y políticamente. Para esas comunidades, lo que está en juego, más que derechos de agua, suele ser el territorio mismo en el que habitan. En zonas de montaña, donde suelen darse las mejores condiciones para construir grandes presas, el recurso más preciado y escaso no es el agua sino las tierras habitables y cultivables del fondo de valle, que acaban inundando los embalses. En estos casos, se pone en cuestión el derecho al territorio y a la existencia misma de las comunidades. Más allá de compensaciones económicas, a menudo escamoteadas, debe entenderse que un pueblo es mucho más que un conjunto de casas expropiables. Los valores identitarios, culturales y emotivos en juego, en éstos y en otros muchos casos, llevan hoy a considerar el derecho colectivo de los pueblos a su territorio y a sus ecosistemas naturales, como un derecho humano, en el debate sobre la llamada tercera generación de derechos humanos que tiene lugar actualmente en NNUU.

V - Gestión pública & privada: el reto de la gobernabilidad  participativa.

Durante las últimas décadas las políticas neoliberales del BM y de la OMC han tendido a degradar las tradicionales funciones del Estado y de las instituciones públicas en general, como impulsores de valores de justicia y cohesión social, para abrir mayores espacios a la lógica de mercado. La deslegitimación de la función pública, como fuente de ineficiencia, opacidad y autoritarismo, ha llevado a presentar las políticas liberalizadoras, desreguladoras y privatizadoras como alternativas de modernidad, eficiencia y racionalidad económica.

Desde este enfoque, los servicios públicos básicos de interés general, como los de agua y saneamiento (u otros como la sanidad o la educación), asumidos como derechos de ciudadanía, tienden a considerarse como simples servicios económicos que deben ser accesibles a quienes puedan y quieran pagarlos.

La privatización de la gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento en las grandes ciudades de países en desarrollo (la gestión en pequeñas ciudades y zonas rurales no interesa a los grandes operadores), bajo la presión del BM, ha suscitado una fuerte reacción social que ha hecho fracasar estas políticas en muchos países (especialmente en América Latina.

Dos son los principales argumentos empleados para justificar las políticas desreguladoras y privatizadoras en este sector:

Sin embargo, en la práctica, los grandes operadores apenas aportaron inversiones durante estos años En la mayoría de los casos, los procesos privatizadores tan sólo han desbloqueado créditos del BM que, aunque cargan sobre la deuda pública del país, se han gestionado a través del operador privado.

El segundo argumento, que en otros servicios públicos puede resultar válido, no lo es en éste, al tratarse de un “monopolio natural”. Su privatización, a lo sumo, suscita una efímera competencia en el proceso de concurso público, para acabar en un régimen de monopolio privado por largas décadas, en condiciones difícilmente revisables y rescindibles.

En cuanto al control de los ciudadanos sobre el operador, a través de sus derechos como clientes, y la pretendida transparencia del mercado, frente a la opacidad de la gestión pública, es más un mito que una realidad, especialmente cuando se trata de gestionar un monopolio natural, como es el caso. No debe olvidarse que la gestión privada se ve legalmente protegida, como es natural, por el derecho a la privacidad en la información.

El que existan problemas de opacidad administrativa, burocratismo e incluso corrupción, no se resuelve privatizando la administración pública, sino democratizándola. De hecho, en los países donde estos problemas degradan la vida pública hasta niveles escandalosos, la entrada de operadores privados, lejos de resolverlos, ha tendido a agravarlos, realimentando la lógica del sistema que les acoge.

Hoy, incluso en los países con democracias avanzadas, como ocurre en la UE, está vigente el reto de promover reformas de la función pública hacia nuevos modelos de gestión participativa, en los que se garantice la transparencia y una sana competencia a través de la información y del contraste público con otros servicios análogos. En definitiva, donde la competencia de mercado no puede ser operativa, se trata de impulsar la competencia a través de la información en lo que se conoce como “benchmarking”.

Lógicamente, los problemas éticos y políticos más graves emergen en contextos de pobreza, cuando cambiar de ser ciudadano a ser cliente equivale a perder derechos básicos que el mercado ni reconoce ni tiene por qué reconocer. A este respeto, son oportunas las palabras de Vinod Thomas, director del Banco Mundial en Brasil: “Cuando hay riesgo de que se genere un monopolio privado, es mejor dejar los servicios en manos del Estado…” (Folha de Sao Paulo;21-9-2003).

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