La relación entre las finanzas y la Responsabilidad Social se estrecha cada vez más en un escenario que empieza a admitir como verdad ineludible que el sector privado ha de actuar con transparencia ante sus grupos de interés. Se pretende dar la vuelta a la tradicional primacía de las cifras como indicadores de buen gobierno empresarial, dando paso a conceptos mucho más sutiles e intangibles entre los que los aspectos ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) se llevan la palma. Así, esta empezando a asumirse que las cifras ofrecidas por los ROI (return on investment) no son la única garantía a la hora de medir la viabilidad de un proyecto empresarial y han de cederle el paso a otro “retorno” muy distinto, el de la inversión social.
Fuente: ICNR - Beatriz Lorenzo
El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, el informe sobre la aplicación de una tasa a las transacciones financieras, conocida como 'tasa Robin Hood', con la que recaudar fondos destinados a financiar servicios públicos, incluyendo el desarrollo y el cambio climático. La Tasa Robin Hood consiste en un gravamen del 0,05 por ciento sobre las transacciones financieras que se realicen en los países firmantes. Este dinero se destinaría a reducir las desigualdades sociales a nivel nacional e internacional, a combatir la pobreza y a luchar contra los efectos del cambio climático. Con la aplicación de esta tasa, se recaudarían más de 300.000 millones de euros en todo el mundo cada año. En España, la Fundación Ideas tasa esta cifra en 6.300 millones de euros. El 0,05 por ciento sólo se aplicaría sobre las operaciones financieras no minoristas, como intercambio de acciones, bonos, operaciones en divisas o de materias primas, tanto en mercados organizados como en operaciones extrabursátiles.
IMPULSO Y PRECEDENTES
La aprobación del nuevo documento por parte del Parlamento Europeo ha supuesto una “gran noticia” para las organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran Ayuda en Acción, PLAN, Intermón Oxfam y Save the Children, entre otras ;pero también otros actores se ha sumado a la reclamación de este pequeño impuesto. Líderes mundiales como Sarkozy y Angela Merkel han mostrado su voluntad de defenderlo en los foros internacionales. Destacadas voces como Nancy Pelosi (portavoz del Senado de EEUU), el ex presidente de Brasil Lula y más de 350 economistas de prestigio internacional como Stiglitz, Krugman o Sachs, así como George Soros han firmado posiciones públicas a favor. Los adalides del gravamen justifican su apoyo basándose en que los fondos recaudados servirían para luchar por los objetivos del Milenio, entre los que se encuentran la erradicación de la pobreza y el hambre, fomentar la educación y la igualdad, y el financiamiento de estudios contra el cambio climático.
Existen ya ejemplos de impuestos similares, como el que grava con dos euros los billetes de avión para luchar contra el Sida en países emergentes y que fue aprobado en 2009 por once países europeos, entre ellos Francia. Por su parte, Bruselas ha puesto recientemente sobre la mesa una cuestión que, entre unas cosas y otras, lleva estancada 20 años. El objetivo es introducir en la Unión Europea un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de aquellos sectores no incluidos en el sistema de comercio de derechos de emisión como el transporte o la vivienda. Los países nórdicos ya aplican este tipo de tasa en el ámbito nacional pero Reino Unido, Polonia e Irlanda se han mostrado reacios en repetidas ocasiones a que la fiscalidad sea una cuestión que se decida a escala comunitaria en lugar de nacional.
Surge así, adaptada a la realidad europea, una nueva versión de lo propuesto en su día por James Tobin, que trataba de, como él mismo aseguró, “echar arena al aceitado mecanismo de las especulaciones que hacen viaje de ida y vuelta en días o pocas semanas”. Acerca de la tasa Tobin los economistas siempre han manifestado opiniones encontradas, pero la mayoría de ellos, como asevera el profesor del IE Rafael Pampillón, destacan que no siempre está clara la distinción entre movimientos de capitales “especulativos” y “productivos”. En la práctica, es muy fácil transformar los unos en los otros, por lo que a todos los especuladores les resultará sencillo evadir la tasa Tobin y eso la haría ineficaz. Esto puede llevar a gravar todo movimiento y no están muy claros los efectos positivos finales como el propio Tobin señaló en 1992.
CAMINO ALLANADO
En relación a esta materia, y aunque está todavía lejos de llevarse a la práctica, comienzan a cobrar importancia las- en su día ignoradas- conclusiones del controvertido informe Stern que destacan la necesidad de que se necesita una inversión equivalente al 1% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático y que de no hacerse dicha inversión el mundo se expondría a una recesión que podría alcanzar el 20% del PIB global. El informe también sugiere la imposición de ecotasas para minimizar los desequilibrios socioeconómicos y afirma que “nuestras acciones en las décadas inmediatamente venideras pueden implicar el riesgo de una disrupción de la actividad económica y social durante el resto de este siglo y el siguiente, de una escala parecida a la de las grandes guerras y la Gran Depresión.”; temores que ciertamente, parecen del todo fundados en la actualidad. Así, la tasa “Robin Hood” sería un paso más en este camino que empieza a andarse con varios años de retraso.
Sea como fuere, la propuesta de la tasa “Robin Hood” resurge en un momento en el que el vínculo entre las cifras y la RSC es más estrecho que nunca. En el escenario europeo, la Inversión Socialmente Responsable representa una de las áreas de mayor crecimiento en los últimos años. Según datos del Foro Europeo de Inversión Sostenible (Eurosif), sólo en Europa la ISR ha crecido considerablemente durante los últimos ciclos expansivos, y en ese mercado representa ya casi un 20% de los activos gestionados. La Inversión Socialmente Responsable se encuentra desde hace meses en el candelero, reflejada en iniciativas como la del Comité Económico y Social Europeo (CESE) que emitió recientemente un dictamen en el que apuesta por una mayor regularización de la ISR, tratando de incorporar una mayor transparencia y un continuo proceso de evaluación.
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