España, a diferencia de Canadá, sí está dispuesta a pagar por seguir adherida al protocolo de Kioto contra el cambio climático: aunque su factura será cara. El hecho de que España vaya camino de incumplir este tratado jurídicamente vinculante internacional tiene un coste para nuestro país: deberá pagar por el exceso de emisiones de CO2 generadas. 

Según el protocolo de Kioto, España sólo puede aumentar las emisiones de gases invernadero un 15% en el período 2008-2012; sin embargo en el año 2010 ya rebasaba esas emisiones un 22%.

 

Según la previsión del Ministerio de Medio Ambiente, España acabará esta fase del cumplimiento de Kioto (2008-2012) con un exceso de 159 millones de toneladas de CO2. Por eso, el Gobierno (responsable de las emisiones generadas en los sectores difusos, como el transporte, la edificación o la agricultura) ya lleva tiempo destinando recursos para la compra de los derechos de emisión en distintos mercados.

 

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