Fuente: COMFIA

La ley de residuos que se adopte desde el gobierno central determinará la política de gestión de residuos en todas las comunidades autónomas durante al menos la próxima década. En opinión de las citadas organizaciones, esta ley debe hacer posible una reducción significativa en la cantidad de residuos que termina en los vertederos o que se incineran, lo que supone un despilfarro de recursos y contribuye al cambio climático y a la emisión de gases y lixiviados tóxicos.

La nueva ley también deberá concretar algunas propuestas que incluye la directiva, como el concepto llamado “enfoque del ciclo de vida” (Life Cycle Thinking) o la gestión que se quiere dar a los residuos biodegradables.

Las organizaciones sociales y ecologistas consideran que, para ser eficaz, la ley de residuos debería contemplar unos objetivos generales más ambiciosos que los que recoge la normativa europea y, en particular:

· La aplicación de planes de prevención de residuos y el establecimiento de objetivos y medidas que consigan una importante reducción en la generación de los mismos, con un calendario de cumplimiento más estricto que el impuesto por la directiva 2020.

· La recogida selectiva obligatoria de la materia orgánica para poder elaborar un compost de calidad que pueda ser utilizado en la mejora de los suelos.

Amigos de la Tierra, CCOO, Ecologistas en Acción y Greenpeace