La crisis está poniendo muchas cosas en su sitio, también a las políticas de participación. La participación ciudadana ha tenido una notable presencia en el discurso políticamente correcto de los últimos tiempos, pero la nueva y dramática situación que estamos viviendo lanza contundentes interrogantes sobre su continuidad y su pertinencia. Con la que está cayendo, ¿tiene sentido destinar unos recursos cada vez más escasos a favorecer iniciativas tan “intangibles” como la participación ciudadana? La participación sería una “frivolidad” apta para sociedades ricas, pero ¿nos la podemos seguir pagando cuando empezamos a reconocer que buena parte de nuestra riqueza era un espejismo? Si hemos de recortar gastos, ¿no parecería lógico pasar la tijera a “lujos” como la participación ciudadana?

Estos interrogantes no son retóricos, sino que ya empiezan a tener respuestas prácticas. Barcelona, ciudad que ha vendido al mundo su apuesta participativa, acaba de reestructurar el organigrama municipal de manera que ha provocado la desaparición del área de participación como tal. Es un caso, pero puede cundir el ejemplo. Para algunos, además, éste es el camino que nos indica el sentido común. Un sentido común que obligaría a la administración a suprimir gastos superfluos. Desde mi punto de vista, esta opción, aunque fácil de explicar a la ciudadanía y de difundir a través de los medios de comunicación, es una trampa. Hoy, necesitamos más que nunca de la participación; aunque, efectivamente, de una participación que la crisis habrá puesto en su sitio.

La participación en tiempos de bonanza generó determinadas inercias y se convirtió en lo que algunos llamaban la “fiesta” de la democracia. Hoy, en cambio, debemos recuperar algunas de las características que la participación nunca debió perder y que la convierten en un ejercicio doloroso de debate sobre nuestros conflictos y sobre las capacidades siempre limitadas para hacerlas frente. Parafraseando a García Márquez, hemos de situar la participación en tiempos de cólera. Para justificar esta posición debemos, brevemente, responder a dos interrogantes: ¿por qué necesitamos más participación en tiempos de crisis? y ¿qué significa, en tiempos de cólera, la participación ciudadana?

Para responder a la primera pregunta hemos de convenir en dos afirmaciones. Por un lado, recordar que la política y la democracia nacen para abordar los conflictos que, de forma natural, afectan a la vida en comunidad. Resolver los conflictos colectivos y construir proyectos comunes de futuro genera tensiones y legítimas diferencias, las cuales pueden resolverse a través de la guerra y el enfrentamiento o, del ejercicio de la política. Añadirle el adjetivo democrática supone aceptar que la resolución pacífica de los conflictos se canaliza a través del diálogo. Aceptado este punto de partida, en segundo lugar, no podemos negar que en un período de crisis los conflictos se intensifican y las tensiones entre los legítimos intereses de unos y otros se multiplican. En esta situación, para evitar los enfrentamientos y para canalizar pacíficamente su resolución, no necesitamos menos política sino más política, no necesitamos menos democracia sino más democracia. Hoy, en definitiva, el diálogo y la participación ciudadana no son un “lujo” ni una meras “dinámicas de grupo” si queremos mantener nuestra capacidad de construir, pacíficamente, proyectos colectivos.

En segundo lugar, es cierto que no debemos limitarnos a reivindicar la participación ciudadana, sino que también hemos de reinventarla. La participación ciudadana en épocas de bonanza se convirtió en una forma de escuchar a la ciudadanía y de responder afirmativamente a sus demandas. La “fiesta” de la democracia consistía en un ejercicio de corte “clientelar”, en el cuál las instituciones públicas se comportaban como centros comerciales. “El cliente siempre tiene razón” y, en consecuencia, los procesos de participación no podían –ni querían- negar nada a sus “ciudadanos – clientes”. Este enfoque ha tenido dos perversiones que hoy son insostenibles. Por un lado, ha generado un espiral de demandas inasumibles en épocas de vacas flacas. Por otro lado, ha generado también una ciudadanía habituada a ver satisfechas todas sus expectativas y que, por lo tanto, no entiende ahora que los intereses deban equilibrarse, que no todo es posible.

La revisión de la participación ciudadana pasa, pues, por reconocer que no es ni una fiesta ni el mostrador de un centro comercial. La participación ciudadana consiste, más bien, en un diálogo “doloroso” a través del cuál hemos de tomar decisiones también “dolorosas”. Hemos de reconocer los legítimos conflictos, la limitación de nuestros recursos y la necesidad de priorizarlos a través de una política democráticamente reforzada. En tiempos de cólera las decisiones colectivas se tornan más difíciles y, por lo tanto, más necesitadas de legitimidad. La participación ciudadana puede aportar esta legitimidad, siempre y cuando evite tentaciones clientelares y reconozca que su papel consiste en poner límites, en explicar las razones, sin caer en espirales de promesas infinitas. Si abordamos este camino no sólo mejoraremos la legitimidad democrática de nuestras instituciones, preparándolas para abordar tiempos difíciles, sino que también, quizá más importante, facilitaremos la aparición de ciudadanos maduros. Ciudadanos capaces de entender que no todo es posible, que sus legítimos intereses deben equilibrarse con los intereses también legítimos de los otros. Será doloroso, pero cada día que pasa me parece más imprescindible.

Nacho Celaya
Director General de Participación Ciudadana

del Gobierno de Aragón