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La Diputación de Barcelona ofrece a los ayuntamientos herramientas para la contratación y estrategias para hacer frente a los escollos del nuevo escenario.
Fuente: Sostenible.cat - Teresa Bau
La liberalización del mercado de suministro eléctrico en baja tensión representa para los ayuntamientos un cambio sustancial a la hora de gestionar el suministro eléctrico municipal. En virtud del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, las administraciones locales están obligadas a poner en marcha un proceso público de contratación en el que pueden concurrir todas las empresas comercializadoras de electricidad. El proceso que se utiliza para elegir la compañía o compañías suministradoras es la subasta electrónica.
La Diputación de Barcelona celebró este 30 de junio la jornada Herramientas para la contratación de la energía eléctrica en el mercado liberalizado, con el objetivo de facilitar a los ayuntamientos la transición al nuevo escenario. Los organizadores, las áreas de Medio Ambiente y la de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, transmitieron al centenar de técnicos municipales que participaron la necesidad de hacer la nueva contratación para ahorrar costes. Representantes de los ayuntamientos de Terrassa, Reus y del Consejo Comarcal del Maresme, miembros de la Red de Pueblos y Ciudades hacia la Sostenibilidad, explicaron cómo les había ido el proceso y qué ahorro les había representado.
Las administraciones tienen tiempo hasta octubre para adaptarse al nuevo marco jurídico. Según un estudio que presentó ayer Manel Catalán, de la Federación de Municipios de Cataluña, las poblaciones grandes, de 20.000 a 40.000 habitantes, han hecho casi todos los deberes, porque el nuevo modelo les representa un ahorro importante. Con todo, un buen número de municipios aún no se han puesto, y pagan los recargos previstos por la ley. También los hay que han comenzado el procedimiento de contratación, pero no se han presentado suficiente compañías comercializadoras. En total, cerca de un 40% de municipios de la provincia de Barcelona no han hecho todavía la nueva contratación.
Para evitar falta de concurrencia a las subastas es clave que el ayuntamiento hable previamente con las comercializadoras y les deje claro cuál será el plazo de pago de las facturas. También previamente, es necesaria una auditoría para obtener información exhaustiva del consumo eléctrico municipal, los puntos de suministro, las horas de consumo, etc.
Según los resultados presentados, las administraciones que han hecho el cambio han logrado, de media, un 15% de ahorro en la factura de electricidad, algunas el 20%. Así pues, no hacer la nueva contratación representa para los municipios perder una cantidad muy importante de dinero mes a mes. Además del precio, el nuevo modelo representa más eficiencia energética.
Tres experiencias locales
Javier Cisneros, del Consejo Comarcal del Maresme, explicó que el Consejo aprovechó el know how de la experiencia de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones para llevar a cabo un proceso similar en el modelo eléctrico. Hablaron con todos los municipios de la comarca, de 400.000 habitantes, y los convencieron para que fuera el Consejo quien hiciera el proceso de licitación para la electricidad, una tarea que no fue fácil ', según apuntó. Con la nueva situación, la comarca se ahorra un 8,48% de la factura eléctrica anual. Además, les ha servido para implantar un sistema de gestión energética en los 30 municipios de la comarca, que incluye un software de control del consumo eléctrico que identifica facturas extrañas y posibles errores en la facturación. También existe la intención de crear un observatorio del cambio climático.
Juan Bosque, del ayuntamiento de Terrassa, destacó que el coste de la factura eléctrica de Terrassa ha bajado de 5 a 3 millones de euros al año, y que han incorporado la figura del gestor energético para mejorar el ahorro y la eficiencia. La nota negativa, que sólo 2 comercializadoras presentaron a la subasta electrónica.
Para Txema Andreu, técnico de energía en el ayuntamiento de Reus, una de las principales dificultades fue definir el precio de salida de la electricidad para la subasta. También sufrieron la falta de concurrencia al proceso, sólo presentarse dos empresas y una se retiró antes del final. Según Andreu, las comercializadoras no están preparadas para prestar servicios a las administraciones. Además, advirtió de la necesidad de comprobar las facturas municipales, porque a menudo no coinciden con el consumo real.
Se han presentado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y una Guía interpretativa
Como hemos visto, el proceso no es fácil porque tanto para los ayuntamientos como para las compañías eléctricas es una situación nueva, en la que no tienen experiencia. La Diputación de Barcelona ha redactado unos modelos de pliegos de cláusulas administrativas articulares, así como un Pliego de prescripciones técnicas tipo y una Guía de interpretación de los pliegos, para los diferentes procedimientos de contratación previstos en la Ley de Contratos del Estado. La documentación se puede consultar y descargar en Internet.
También ha puesto a disposición de los municipios de la provincia un servicio de asesoramiento para facilitarles el proceso, con un call center donde se pueden hacer consultas técnicas, tanto por teléfono como por correo electrónico. El servicio ha impulsado la dirección de Estudios y Prospectiva del Área de Presidencia.
La Comisión Nacional de la Energía prepara para finales de año una disposición para que la concurrencia a las subastas sea obligatoria. Con todo, esto no será garantía de que opten a suministrar el servicio eléctrico a los municipios, según subrayaron algunos expertos.
La liberalización del mercado de suministro eléctrico en baja tensión representa para los ayuntamientos un cambio sustancial a la hora de gestionar el suministro eléctrico municipal. En virtud del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, las administraciones locales están obligadas a poner en marcha un proceso público de contratación en el que pueden concurrir todas las empresas comercializadoras de electricidad. El proceso que se utiliza para elegir la compañía o compañías suministradoras es la subasta electrónica.
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